LA ACCIÓN DE TUTELA, UN MECANISMO PARA PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES

La acción de tutela un mecanismo para proteger derechos fundamentales en la propiedad horizontal, cuando se vulneran o amenazan en razón a acciones u omisiones de los órganos de administración.

Las demandas de tutela que promuevan los residentes de un conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal contra particulares que ejerzan y representen a la administración (administradores, consejos de administración, asambleas de copropietarios); son PROCEDENTES siempre y cuando éstos organismos adopten decisiones que vulneren directamente los derechos fundamentales de quienes residen en la copropiedad; ya sea por la aplicación de normas que contiene el reglamento de propiedad horizontal, como cualquier determinación que sea tomada en reuniones de consejo de administración o en asamblea de copropietarios.

La acción de tutela procede únicamente para solucionar situaciones de hechos originados por acciones u omisiones de un organismo de administración y cuando el propietario o residente en su relación de subordinación o indefensión, no posee otro medio de defensa judicial. La tutela debe contemplar:

1) El nombre del propietario o residente que solicita la protección de sus derechos.

2) El nombre y dirección del organismo de administración que ha cometido la violación a los derechos fundamentales.

3) Los hechos que determinan la violación del derecho.

4) Las pretensiones y medidas que se solicitan, con el fin de que se protejan.

5) Pruebas testimoniales y documentales.

Incluye en éste punto una copia del acta de asamblea donde se tomaron las medidas, una copia del reglamento de propiedad horizontal, los nombres de personas a las cuales se les va a citar a un cuestionario donde incluyan los datos de identificación dirección y teléfono.

El fallo a la tutela será efectivo para evitar un perjuicio irreparable, o que requiera medidas urgentes por cuanto se puede producir un daño grave. Será de inmediato cumplimiento y podrá impugnarse ante un juez competente. En ningún caso puede transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y el fallo.

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